Marcos Merino
ColaboradorLa caída del sistema de comunicaciones encriptadas Encrochat en 2020 supuso un terremoto para organizaciones criminales de toda Europa, entre las que se había puesto de moda como canal supuestamente seguro para sus comunicaciones.
Pero, con el tiempo, las ramificaciones de esa intervención policial de la Gendarmería francesa (que instaló un malware en el servidor que iba copiando mensajes en tiempo real, método que ha generado debates legales desde entonces) han resultado tener repercusiones mucho más amplias.
Así, lo que entonces parecía 'sólo' un éxito contra el narcotráfico ha terminado convirtiéndose, en España, en la pista clave para destapar una presunta red de corrupción política vinculada a la adquisición de material sanitario en plena pandemia.
El mensaje que lo inició todo
El 12 de junio de 2020, miles de usuarios de Encrochat —un sistema de móviles encriptados al servicio del crimen organizado— recibieron una inesperada advertencia:
"Hemos sufrido una incautación ilegal. Apague y deseche físicamente su dispositivo de inmediato".
La Gendarmería francesa había logrado infiltrarse en el servidor central y extraer millones de mensajes. Entre ellos, uno aparentemente menor: un empresario español afirmaba necesitar "pagar una comisión en efectivo".
Esa frase se convertiría en el inicio del hilo del que tiraría la Guardia Civil para revelar otro escándalo político más.
La información intervenida fue distribuida a distintos países. En España, la Fiscalía Antidroga remitió los datos a Guardia Civil y Policía Nacional para apoyar investigaciones en curso o iniciar nuevas. Fue en este contexto cuando la Unidad Central Operativa (UCO) detectó la citada conversación, que no estaba relacionada con narcotráfico, pero sí con posibles delitos económicos.
Comisiones, mascarillas y precios inflados
Según desvela El Diario, el usuario de Encrochat identificado como Owldonut, cuyo nombre real es Gustavo G. G., recibió el 6 de abril de 2020 un mensaje de Kilian López, empresario catalán con raíces en Almería. Este le explica que debe sacar 200.000 euros en efectivo para cerrar una operación y que necesita contactar con alguien que pudiera blanquear dinero mediante un sistema de préstamos. La comisión debía entregarse también en efectivo.
A los investigadores les llamó la atención la conversación. Al analizar el perfil de López, descubrieron su estrecha relación con Óscar Liria, vicepresidente tercero de la Diputación de Almería y figura destacada del PP en la provincia. Lo que parecía un comentario aislado empezó entonces a adquirir otra dimensión.
Los 200.000 euros mencionados no eran un detalle menor: según la Guardia Civil, formaban parte de una comisión total de 945.297,24 euros generada por un contrato público de emergencia para adquirir medio millón de mascarillas, medio millón de guantes y 15.570 monos de protección.
El coste para la Diputación de Almería había sido de 2,06 millones de euros, y casi la mitad habría acabado en manos de López, Liria y otros colaboradores.
El estallido de la pandemia permitió realizar adjudicaciones urgentes sin apenas controles, y ese clima fue aprovechado —según la investigación— para "pegar un pepinazo a los precios", en palabras del propio empresario enviadas a través de Encrochat.
López admitía que en una operación de dos millones, 400.000 euros habían ido para él y otros 400.000 para los políticos implicados, cobrando aproximadamente un 10% del total facturado como comisión. El empresario incluso reconoce que el éxito del negocio había sido rotundo:
"Estos meses he ganado bastante dinero con ellos metiendo material sanitario. Las comisiones que se llevan son altas".
Todo ello derivó en una investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que se ha ido ampliando con nuevos descubrimientos. La operación ha crecido hasta alcanzar a figuras de primer nivel de la política provincial, que quedaron en libertad con cargos por delitos como malversación, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y corrupción en contratación pública.
Polémica jurídica (más allá del caso almeriense)
Sin embargo, son numerosas las voces que se han alzado contra el 'visto bueno' del Supremo para usar como evidencias los mensajes intervenidos a Encrochat; el abogado penalista Víctor Ávila, por ejemplo, "discrepa profundamente" del criterio del Tribunal Supremo y lo considera "un aval peligroso a la injerencia masiva":
"Si había sospechosos concretos, la medida no debía ser masiva; si era la única forma posible, entonces no existían sospechosos individualizados. Y eso, en nuestro Derecho, encaja de lleno en el concepto de 'investigación prospectiva', expresamente prohibida".
El Tribunal Supremo español cita numerosas resoluciones de otros países europeos —entre ellas, de los tribunales de Países Bajos, Francia o Reino Unido— para justificar la validez de las pruebas intervenidas a EncroChat, pero omite la sentencia del Tribunal Regional de Berlín que declaró ilícitas las pruebas obtenidas de EncroChat, porque consideró que la actuación de las autoridades francesas había vulnerado el artículo 31 de la Directiva 2014/41/UE.
Ávila explica que el 'principio de especialidad' impide interceptar comunicaciones "a ver qué se encuentra":
"Solo pueden autorizarse cuando ya existen indicios objetivos sobre un delito concreto y respecto de personas determinadas. EncroChat hizo justo lo contrario: primero se accedió a todas las comunicaciones y después se empezó a buscar delitos dentro de ellas".
"[...] Si seguimos el razonamiento del Supremo, ¿por qué no desencriptar masivamente WhatsApp, Telegram o Gmail para ver si alguien ha cometido un delito?".
Imagen | Marcos Merino mediante IA
