La justicia europea declara ilegal la norma que más beneficiaba a los taxis frente a Uber y Cabify. El conflicto no ha acabado

Dan Gold Karzusymfra Unsplash 1
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El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la ratio 1-30 que limita las licencias VTC incumple la normativa europea. Esta ratio se traduce a que solo puede haber 1 coche de los denominados VTC (Vehículos de transporte con conductor), es decir, los de empresas como Uber o Cabify, por cada 30 taxis disponibles en la ciudad, algo que se hace en Barcelona, por ejemplo.

De acuerdo con el mencionado tribunal, esto no es acorde a la legislación europea. Entre otras cosas, la sentencia afirma que: “el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios del taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de esas razones".

Hay que recordar que en España,  en el año 2018, el Tribunal Supremo se decantó por la protección del taxi, aceptando la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis. En aquel momento, el Gobierno no había concretado por qué habían elegido esta cifra, pero dejaron claro que no la consideran discriminatoria y que las compañías (Uber, Cabify, etc.) no han planteado una alternativa.

Sobre la exigencia de un permiso adicional

Por otro lado, el mismo tribunal sí que considera que exigir la obtención de un permiso adicional al previsto a nivel nacional, como hace Cataluña y otras comunidades autónomas, "puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público".

Es decir, esto abre la puerta a la 'luz verde' a autorizaciones solicitadas ante el Tribunal Supremo, pero deja en manos de las regiones la imposición o decisión de un nuevo filtro.

A la hora de imponer nuevas licencias, dice el Tribunal Europeo, debe basarse en cuestiones medioambientales y afirma que las licencias que estén por llegar tienen que mostrar que se basan en "criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados" a nivel nacional.

Una de cal y otra de arena

Hay que tener en cuenta que esto no es tampoco una victoria para las VTC (ni para los taxis). Como recuerda el periodista Jesús Martínez, el 'decreto Ábalos', que comenzó en 2018, trasladaba la regulación a las comunidades, pidiendo que cada CCAA regularan en un periodo de cuatro años.  

Hubo regiones, como Cataluña, que incluyeron la segunda licencia. Esa segunda licencia es clave. Y aunque ambos sectores (taxi y VTC) se imaginaban que el ratio  1-30 iba a ser tumbado, el hecho de que que el TJUE "no se opone" a esa segunda licencia, permite mantener muchas restricciones por parte de las regiones españolas que ya las tenían. Ahora viene el turno del Tribunal Supremo.

Un poco de contexto a esta ratio

Por ahora, debe pronunciarse sobre otro 'recurso' presentado por el Tribunal Supremo sobre una cuestión similar. Hace unos días ha publicábamos que las empresas del sector VTC, vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify, se enfrentaban a un nuevo reto, puesto que el el 8 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debería determinar sobre la legalidad de uno de los aspectos claves para concretar la regulación de las licencias de vehículos con conductor.

En el año 2009, apareció la Ley Ómnibus con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El 27 de septiembre de 2009  entró en vigor la ley española 25/2009, de 22 de diciembre de 2009,  conocida popularmente como la ley ómnibus. Establecía cambios  legislativos encaminados a la liberación del sector servicios, y al incluir al sector del taxi eliminaba la limitación de licencias VTC abriéndole las puertas de par en par a empresas como Uber o Cabify.

Aprobó eliminar el ratio 1:30 que limitaba la entrega de estas licencias. Desde entonces, las protestas de los taxistas han sido un constante.  En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy echó para atrás la  reforma anterior y se vuelve a imponer el ratio 1:30.

El Tribunal Supremo,  sin embargo, confirmó que las licencias entregadas antes de 2015 se mantienen, son legales. Por tanto, si el gobierno quiere reducir su número, tendría que expropiarla.

Imagen | Dan Gold en Unsplash

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