Marcos Merino
ColaboradorEl Gobierno ha dado este martes un paso decisivo en la retribución de los más de 3,5 millones de empleados públicos del país al aprobar, en Consejo de Ministros, el real decreto ley que desarrolla el acuerdo firmado con UGT, CSIF y CCOO para elevar sus salarios entre 2025 y 2028.
Se trata de un incremento mínimo del 11% que situará el sueldo medio de la Administración por encima de los 50.800 euros brutos anuales al finalizar el periodo.
Desglose del incremento: de la subida inmediata al salto final en 2028
La hoja de ruta retributiva aprobada se estructura en cuatro tramos principales:
- 2025: subida del 2,5%: La primera parte del acuerdo se ejecuta de inmediato. Los trabajadores del Estado recibirán ya en diciembre la subida del 2,5%, aplicada con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que incluirá el pago de atrasos en una única nómina adicional. Para un salario medio de 3.300 euros mensuales, esto supone unos 1.140 euros en atrasos.
- 2026: incremento del 1,5% ampliable al 2%: El segundo tramo contempla un 1,5% consolidado desde el 1 de enero de 2026, ampliable en otro 0,5% si la inflación supera el 1,5%. En términos acumulados, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 los salarios podrían haber aumentado ya un 4%.
- 2027: la subida más potente, un 4,5%: El mayor salto retributivo llegará en 2027, cuando la retribución media crecerá en 2.145 euros anuales.
- 2028: último tramo del 2%: El ciclo se completará en 2028 con otro incremento del 2%, equivalente a unos 996 euros más al año para el salario medio. En conjunto, los aumentos representarán una mejora acumulada de 5.215 euros anuales para un salario tipo de 45.600 euros.
En el caso del conjunto de la función pública, la retroactividad será aplicada por cada administración (central, autonómica o local) según su propio calendario.
Un acuerdo de amplio alcance: impacto sobre 3,5 millones de empleados
El pacto, que es vinculante para todas las administraciones, beneficiará a alrededor de 3,5 millones de trabajadores públicos, convirtiéndose en una de las medidas laborales más relevantes del Ejecutivo en esta legislatura.
Además del componente estrictamente salarial, el acuerdo incluye compromisos estratégicos como:
- Eliminación de las tasas de reposición, facilitando la convocatoria de plazas.
- Reducción de los plazos de resolución de ofertas de empleo público a un máximo de un año.
- Mejoras en movilidad, promoción interna y permisos.
- Refuerzo de plantillas de atención al ciudadano.
- Actualización de complementos de residencia e insularidad.
- Avances en jubilación y en el mutualismo administrativo.
Un giro de guion en la política de personal del Estado
La subida aprobada supone un cambio de rumbo respecto a los años posteriores a la crisis financiera, cuando la imposición de recortes salariales y la limitación de plantillas marcaron la política de empleo público. Ante esta evolución, el Gobierno destaca que entre 2022 y 2028 los salarios públicos habrán crecido 17 puntos, frente a los 3,7 puntos registrados en los siete años previos.
Para los sindicatos, el acuerdo representa una victoria significativa tras años de negociación y reivindicaciones sobre pérdida de poder adquisitivo.
Una medida no exenta de críticas
Otro de los elementos críticos es el recurso sistemático al real decreto ley para medidas de alto impacto. La subida salarial, pese a ser plurianual y afectar a todas las administraciones, se aprueba sin un debate parlamentario previo.
Paralelamente, Moncloa ha lanzado la advertencia de que las autonomías podrían quedarse sin margen fiscal si la senda de gasto es rechazada de nuevo por el Congreso: así, el Gobierno exige disciplina presupuestaria a las comunidades... al mismo tiempo que introduce compromisos económicos de gran envergadura que deberán gestionar esas mismas administraciones.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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