Las primeras pistas aparecían hace un año: un borrador de anteproyecto que hacía mención al uso de troyanos por parte de la Policía en casos de delitos especialmente graves para poder acceder a los datos informáticos de los sospechosos. Hoy, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto sin muchos cambios con respecto a lo que ya sabíamos.
El principal problema de esta norma es la poca concreción de su alcance. Según el texto, se podrá usar _software_ para recoger de forma remota datos del ordenador del sospechoso en el transcurso de la investigación de delitos relacionados con organizaciones criminales, terrorismo, contra menores o discapacitados, contra la Constitución, de traición o relativos a la defensa criminal; y además, en delitos "de especial gravedad".
Sí se detalla, por ejemplo, que los proveedores de acceso y responsables de bases de datos y sistemas deberán colaborar con las autoridades para que se lleve a cabo el proceso. Así mismo, las actuaciones tendrán una duración máxima de un mes.
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Aunque la norma no es del todo concreta, tampoco se puede decir que sea mala. El hecho de que haya un juez detrás y que se tengan que registrar todos los detalles del proceso da más confianza. Tal y como nos comentaba el abogado Yago Abascal, esta norma plantea algunos problemas éticos y prácticos, pero es necesario que las leyes se adapten al progreso tecnológico.
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