En el día de ayer, El País avanzó que el nuevo tributo a las grandes tecnológicas conocido como 'tasa Google' se aprobaría en la sesión del Consejo de Ministros que tendrá lugar hoy, martes 18 de febrero. Desde Genbeta y desde muchos otros medios se insistió en la complicación de que, en la práctica, el Gobierno pudiera llegar a recaudar los 1.200 millones que había estimado de cara a los Presupuestos Generales del Estado del curso pasado.
Más allá de la dificultad fiscal que entraña introducir un 3% extra a compañías como Google, Apple o Amazon, hay un escollo previo: Donald Trump. El presidente republicano amenazó al país galo con fuertes aranceles si su 'tasa Google' seguía adelante, y Francia ha paralizado la recaudación hasta final de año.
Ante la posibilidad de que en España pudiera ocurrir algo similar, escenario más que previsible, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España y vicepresidenta económica, ha confirmado que el cobro de este tributo de aplazará hasta final de año, según cuenta El País: “No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año”.
A la espera de la OCDE
Oficialmente, el motivo de este aplazamiento del cobro es esperar a que llegue una legislación internacional. "Tendremos y preveremos un sistema similar [al francés] para dar un poco de tiempo para ver cómo avanza el debate en el ámbito internacional", recoge El Confidencial de declaraciones de Calviño. En ese sentido, la vicepresidenta ha manifestado que acudirá a la reunión del G20 en Arabia Suaudí, donde podrá ver cómo se está avanzando en este sentido en el seno de la OCDE, que como ya hemos mencionado en otras ocasiones, está inmersa en la redacción de normas internacionales.
No oficialmente, la razón para aplazar hasta final de año o esperar a la legislación internacional es prevenir posibles represalias de Estados Unidos, para evitar un caso como el francés. Sobre esto, Calviño ha mencionado que "no tiene por qué haber consecuencias negativas", porque desde el ámbito internacional y comunitario se está trabajando en ello.
La aprobación de hoy en el Consejo de Ministros, por tanto, no amenazará de momento los intereses de las compañías afectadas, aquellas con más de 750 millones de euros de ingresos a nivel mundial y 3 millones en España. Además, como la vicepresidenta recuerda, este proyecto de ley luego tendrá su trámite parlamentario, "que espera que sea lo más rápido posible".
Imagen | Wikimedia
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