Antonio Sabán
DirectorEl Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Estatuto del Becario, una norma que llevaba más de dos años esperando ver la luz (en 2022 decíamos que estaba "a la vuelta de la esquina". El texto, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz, busca poner fin a los abusos laborales que durante años han sufrido miles de estudiantes en prácticas, conocidos como “falsos becarios”.
El nuevo estatuto, "Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa", parte del acuerdo que el Ministerio de Trabajo alcanzó en junio de 2023 con los sindicatos CCOO y UGT, pero que fue rechazado entonces por la patronal, los rectores y parte del propio Gobierno. Pese al largo tiempo que ha pasado desde entonces, se la parte clave del pacto: garantizar que las prácticas sean formativas y no un instrumento para cubrir puestos de trabajo de forma barata.
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Qué cambia. El anteproyecto de ley introduce varios cambios importantes. El más destacado es la reducción a la mitad del número máximo de horas que un estudiante podrá realizar en prácticas extracurriculares, que pasan de 960 a 480. La intención es evitar que estos períodos, sin relación directa con los créditos universitarios, se prolonguen indefinidamente y sustituyan empleo real.
Además, las empresas y entidades públicas que acojan a estudiantes deberán compensarles los gastos de desplazamiento y manutención, siempre que no perciban una retribución. El estatuto también reconoce derechos que hasta ahora no estaban nada claros: descansos, festivos, vacaciones, acceso a los mismos servicios que los trabajadores (como comedor o aparcamiento) y protección frente a riesgos laborales, violencia y acoso.
Además, las prácticas solo podrán realizarse bajo un convenio formal con un centro formativo autorizado y las tareas deberán ceñirse al plan de formación. Cuando una empresa utilice a becarios para sustituir empleados o cuando la actividad no guarde relación con los estudios, se presumirá la existencia de una relación laboral, con lo que ello implica.
Multas y lo más relevante: escasas opciones de salir adelante. El incumplimiento de la norma podrá acarrear sanciones de hasta 225.000 euros. Sin embargo, su recorrido político es incierto: el texto debe volver al Consejo de Ministros tras recibir informes preceptivos y luego pasar por el Congreso, donde su aprobación parece complicada dados los últimos enfrentamientos entre partidos de la investidura. La ruptura del pacto entre el PSOE y Junts, junto a la falta de apoyo previo de varios socios clave del Gobierno, reduce al mínimo las posibilidades de que la ley prospere.
El último intento de acabar con años de precariedad. El Estatuto del Becario pretende corregir un modelo que ha normalizado durante años la figura del joven en prácticas sin prácticamente derechos. No es algo aislado: en España sigue habiendo cientos de miles de jóvenes sin empleo o con contratos precarios, y más de medio millón que ni estudian ni trabajan. Estamos en el podio de la Eurozona en desempleo juvenil y en sobrecualificación.
Yolanda Díaz ha defendido que esta norma "pone fin al fenómeno de las falsas becas y garantiza formación con derecho". Primero tendrá que aprobarse en el Congreso.
Vía | El País y Europa Press
Imagen | La Moncloa y Brooke Cagle en Unsplash
