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El Internet Móvil y los abusos que tolera el Gobierno

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Esto en el fondo es un mercado y los operadores pueden poner las tarifas que quieran

Reinaldo Rodríguez, presidente de la CMT

Vodafone se subía hace ahora un mes al mismo tren que Telefónica: ambos operadores abogan por un cambio en el modelo de negocio de la banda ancha móvil. Su empeño es mágico y consiste en eliminar las tarifas planas que no existen. Magia en un escenario de abusos en el que destaca la pésima atención al consumidor y las facturas desproporcionadas que están llegando al buzón y generando un gran sufrimiento a muchos ciudadanos y familias.

En fin, nada excesivamente nuevo bajo el sol del oligopolio, la ley de la selva que sufrimos hace años amparada por la CMT y un gobierno servil y débil. Una bicoca para los poderosos, que con el “cuento” del Internet Móvil, que no es ¿Internet?, se están poniendo las botas que aprietan el cuello de los consumidores.

En nuestro país no hay ninguna tarifa plana real de Internet móvil de alta velocidad con la que el usuario pueda navegar con un precio fijo mensual. En la mayoría de los casos la velocidad baja radicalmente si se superan los límites de descarga que las compañías fijan, entre 100 Megabytes y 5 Gigabytes, según las ofertas.

Por ello, ante los elevados precios existentes y la ausencia de tarifas planas reales, FACUA reclama al Gobierno que declare el acceso a Internet móvil de alta velocidad como servicio universal y fije una tarifa referente a la que los usuarios puedan acogerse, en la que además de un precio razonable se garantice una navegación sin restricciones en la subida o bajada de datos de la red.

La asociación de consumidores alerta que muchos usuarios pueden estar contratando tarifas no acordes a las características y necesidades de su navegación, que en ocasiones puede estar producida por un mal asesoramiento desde la propia compañía. Como es el caso de aquellas personas que tienen contratados una oferta en la que el precio aumenta en función de los Megabytes descargados, si el uso que le dan al Internet incluye hábitos tan convencionales hoy en día como el visionado de vídeos, o la descarga y audición de música. En estas circunstancias, las facturas pueden alcanzar cientos de euros si no se elige bien la oferta, para ello suele ser importante siempre leer la letra pequeña.

No entramos aquí en el abusivo y deficiente servicio de información de los operadores móviles que para más desfachatez se produce en un mercado que no es tal al estar limitado por el Estado que otorga a su arbitrio licencias y bicocas (dividendo digital) que lastran el futuro del país. Todo esto en un país moderno exigiría de una mayor exigencia en la calidad del servicio que se presta al ciudadano. No hay tal. Como tampoco se exigen las necesarias explicaciones desde la oposición política a un gobierno que ha pasado la raya de lo tolerable en cuanto a permisividad con los grandes de oligopolio. Se ha ido demasiado lejos.

La clave política del abuso está en esa filosofía que nos presenta el “Internet Móvil” como otra cosa, desde luego lo es. Un privilegio, una brecha social, un abuso corporativo y gubernamental. Es el internet del AVE (políticos gratis total) frente a los ciudadanos que viajan en autobús. Es empobrecer España.

Cuando el presidente de la CMT se muestra comprensivo con las actuales tarifas móviles con el argumento de que “están siendo compradas por los usuarios” algo se rompe en la confianza de los usuarios, consumidores y electores, ciudadanos al fin y al cabo. Más de uno, que se sentirá insultado, se preguntará o le preguntará al señor Reinaldo Rodríguez. ¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Qué tipo de argumento es el de la CMT?

La CMT debe “garantizar la adecuada financiación de las obligaciones de servicio público impuestas a los operadores, incluidas las de prestación de servicio universal”.

Más grave es que el “nuevo” Secretario de Estado, Bernardo Lorenzo, haya venido a respaldar este “estado de cosas”.

Ni precios asequibles, ni Neutralidad en la red. La responsabilidad es del gobierno de la nación. También del contrato que encabeza este post y que sustituirá el 1 de diciembre a las actuales condiciones de comunicaciones móviles de Vodafone.

Las cláusulas del actual contrato con Vodafone cambian el 1 de diciembre de éste año, y nos ha llamado la atención la letra pequeña y en concreto la cláusula 11 en la que podemos leer:

En el ámbito de los servicios de acceso a datos, Vodafone informa al cliente de que, en el marco de la prestación de los servicios contratados, Vodafone podrá utilizar herramientas para el control del volumen y el uso de datos para gestionar el funcionamiento de su red, así como los servicios contratados por el cliente

Básicamente con esta clásula se “legaliza” la práctica desgraciadamente habitual por las que limitar el volumen y tipo de uso de datos es ya algo cotidiano para las operadoras móviles. Pero todavía llama más la atención que lo hayan intentado “ocultar” en una claúsula que se centra en la protección de datos.

El nuevo contrato de Vodafone no es un caso excepcional pero en este caso parece evidente que estamos ante un cambio unilateral de la condiciones de contrato. Por lo tanto facultaría a cualquier usuario a rescindir el mismo si no está de acuerdo con el cambio. Incluso si hay permanencia de por medio. ¿Quién informa a los usuarios? ¿Nosotros?

Un país moderno es aquel en el que existe una correlación sujeta a control riguroso entre gasto público, presión fiscal y eficacia en los servicios básicos necesarios para desenvolverse en la vida, más en sectores estratégicos y con la consideración de “universales”. A la luz de este planteamiento cada vez somos un país con un mayor déficit en modernidad. Este “valor” apegado al progreso y la Ilustración, no es tal si el disfrute de los avances tecnológicos quedan reservados a unos pocos o aumentan la brecha social. En España paradójicamente vamos hacia atrás desde hace unos pocos años y aceleradamente desde hace unos meses. Hay un mal trato al ciudadano. Hay una brecha social que va en aumento. Hay un presidente socialista en la Moncloa.

El Internet VIP amparado por la CMT y el gobierno socialista frena la innovación, el crecimiento económico y las oportunidades vitales.

En Nación Red | El nuevo Secretario de Estado respalda las tarifas del Internet móvil

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