Marcos Merino
EditorTras meses de bloqueo y una creciente ola de protestas en toda España, el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha reabierto oficialmente la mesa de negociación salarial con los sindicatos de empleados públicos, un paso que llega forzado por la presión sindical y ante el temor de una huelga general que podría tener lugar en diciembre.
La reunión, convocada para este miércoles 5 de noviembre a las 11:00 horas, busca retomar el diálogo sobre las condiciones laborales y las retribuciones de los 3,5 millones de trabajadores públicos que dependen de las distintas administraciones del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llega al encuentro sin una propuesta económica concreta, según confirman fuentes del propio ministerio.
Una negociación entre nombramientos y demostraciones de fuerza
Los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que juntos representan a cerca del 80% del personal público, llevan desde marzo reclamando la apertura de esta mesa de diálogo, pospuesta en múltiples ocasiones por la falta de avances presupuestarios. La última vez que sindicatos y Gobierno se sentaron fue en junio, aunque entonces el debate giró en torno a la oferta de empleo público y no a los salarios.
La unidad sindical alcanzada en los últimos meses ha sido clave para reactivar la negociación. En marzo, las tres organizaciones acudían a las reuniones sin un núcleo común de reivindicaciones, pero el clima de frustración y la pérdida de poder adquisitivo han terminado consolidando un frente conjunto.
El 30 de octubre, CSIF, CCOO y UGT protagonizaron una jornada de protestas frente al Ministerio de Función Pública y en todas las delegaciones del Gobierno, y miles de funcionarios salieron a las calles en concentraciones bajo el lema "Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos".
Ahora, la nueva secretaria de Estado de Función Pública ha anunciado la convocatoria oficial de la mesa de negociación. La cita se produce después de un profundo cambio en el organigrama del ministerio, que incluyó el cese de la anterior directora general de Función Pública y la renovación de varios cargos clave.
La presión sindical y el temor a una huelga general
Las movilizaciones sindicales y la amenaza de una huelga en diciembre han sido el catalizador de esta reapertura. El propio ministro de Función Pública, Óscar López, había intentado enfriar las expectativas al afirmar que no habría negociación sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, los sindicatos replicaron que la subida salarial puede aprobarse incluso con las cuentas prorrogadas, tal como ocurre con otros colectivos como los pensionistas.
Por su parte, CSIF exigió que la negociación arranque con una oferta económica clara y advirtió que, si no hay avances, "habrá huelga en diciembre".
Los sindicatos reclaman una subida salarial garantizada para 2025 y la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, que cifran entre el 19% y el 20%. En su propuesta, CSIF plantea vincular las futuras subidas al IPC real más un porcentaje adicional, siguiendo el modelo de las pensiones.
Los sindicatos coinciden en reclamar un aumento "por encima del IPC" para revertir lo que consideran una década de empobrecimiento del personal público. Además, piden medidas complementarias como la jornada de 35 horas semanales, la eliminación de la tasa de reposición, y la recuperación de la jubilación parcial y anticipada en las administraciones.
El precedente del acuerdo 2022-2024
El marco anterior, el llamado "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI", estableció subidas salariales del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, con incrementos adicionales del 0,5% vinculados al crecimiento económico y la inflación. En total, el acuerdo supuso una subida cercana al 10% en tres años, con un coste estimado de 13.000 millones de euros.
Sin embargo, para los sindicatos, ese pacto ya está agotado. Acusan al Gobierno de falta de compromiso por los retrasos en aplicar las subidas variables y por no haber blindado las retribuciones ante el aumento sostenido del coste de vida.
UGT ha querido recordar que la recaudación estatal ha crecido más de un 7% este año:
"Si la economía va bien, no hay justificación para castigar a los trabajadores públicos".
Un pulso político en plena contención del gasto
La negociación se produce en un contexto económico delicado. El Gobierno afronta una forzada prórroga de los Presupuestos (por su debilidad parlamentaria) y la presión de Bruselas para contener el gasto público, lo que dificulta comprometer nuevas partidas retributivas.
De no alcanzarse un acuerdo antes de final de año, la amenaza de huelga se mantiene firme. Una paralización de la Administración supondría la primera huelga general en el sector público desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, un escenario que el Gobierno trata de evitar a toda costa.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
