La primera sentencia en España contra la importación y comercialización de cartuchos de videojuegos ha tenido como protagonista el miedo a la cárcel - "ser español es temblar" - y a la bancarrota que provoca enfrentarse al poderoso en los los tribunales.
Una quiebra del Estado de Derecho que pone en cuestión el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es la España de los caciques y los señoritos. En los tribunales se siente y en los demasiados medios se calla está verdad. Aquí no.
Pero lo significativo de este caso no es la "fiesta" en la sede internacional de Nintendo, celebrando (pdf) la condena que le ha caído a unos comerciantes españoles, seis meses de cárcel y cuatro mil euros de multa por vender cartuchos cartuchos R4 revolution for DS que según la sentencia son una copia exacta del diseño que Nintendo tiene registrado. Nada comparado con lo de Avilés.
Lo verdaderamente grave es, una vez más, el ardor guerrero que ha demostrado el Ministerio Fiscal, que como aclaran en Nintendo actuó de oficio, la empresa nipona no estaba ni personada. Encantada de que el Estado le haga el trabajo.
Este proceder de la "fiscalía del gobierno", no muy comentado en los medios, se repetía en cierta forma en el caso de Canal Sátelite Digital (Digital +) contra el joven administrador de Zackyfiles.com que ha deparado una derrota a la empresa de la familia Polanco y editores de El País.
Aquí es cierto que los abogados de Sogecable (a partir de ahora PRISA TV) tenían orden de "encerrar al joven en prisión (y no "dos días") y arruinarle" de tal manera que el zaragozano pagase el pato de la ejemplaridad social. Así son. Pero al margen de la derrota sin paliativos que han sufrido en la Audiencia de Zaragoza los de Sogecable hay un matiz a destacar en la actuación del Ministerio Fiscal.
La defensa del acusado ejercida por el Bufet Almeida solicitó la libre absolución de su defendido, que ha conseguido con todos los pronunciamientos favorables, pero además en el acto de juicio la defensa había pedido la imposición de las costas a las acusaciones particulares por temeridad.
Aquí la sentencia dice no apreciar esa temeridad o mala fe en la actuación de las acusaciones particulares, “habiendo estimado el Ministerio Fiscal, acusación pública garante de la legalidad, que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra el mercado”. En consecuencia, las costas se declararán de oficio.
Pero estamos ante un mero aperitivo de lo que vendrá, aseguran fiscales de provincias en la puerta de atrás de sus correspondientes Fiscalías. Así es. La nueva legalidad que emana de las listas cerradas y la "coalición de salvación" con el PNV y los nacionalistas canarios dará paso a iniciativas de arriba (más gobierno) que no permitirá - jerarquía obliga - ninguna excepción. Parece que algunos fiscales y como los cuerpos de Seguridad del Estado se están preparando, como siempre, para los nuevos tiempos.
En Nación Red | Nintendo: "Internet nos perjudica" Foto | Sebastián Urbina
