Antonio Sabán
ColaboradorUna maratoniana reunión de más de cinco horas celebrada ayer lunes entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos ha terminado sin fumata blanca, pero con dinero sobre la mesa. Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el marco plurianual, el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar un decreto ley este mismo mes para abonar en la nómina de diciembre una subida del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Las claves de la negociación. Todo gira en torno a una oferta global de subida salarial del 11% para el periodo 2025-2028. A diferencia del acuerdo anterior (2022-2024), que vinculaba parte del aumento a variables económicas como el IPC o el PIB, esta nueva propuesta consolida la subida como fija. Según cálculos de CCOO, el incremento real podría alcanzar el 11,45% si se suman los aumentos automáticos por antigüedad y ascensos:
"La nueva propuesta del Gobierno garantiza el abono en diciembre de una subida salarial del 2,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y un incremento total del 11,45 % para el periodo 2025-2028
Calendario y amenaza de huelga. El dinero no es el único problema, también el "cuándo". La propuesta del Gobierno limita la subida acumulada de los dos primeros años (2025 y 2026) a un máximo del 4%. Para los sindicatos (CSIF y CCOO), este tope inicial es insuficiente, porque ven que no ayuda a recuperar todo el poder adquisitivo perdido.
UGT está en una posición proclive a aceptar el pacto, pero CSIF ha sido tajante. Si el Gobierno no flexibiliza ese tope del 4% para el arranque del periodo, no solo no firmarán, sino que además retomarán las movilizaciones e incluso plantean una huelga en todo el sector público. Habrá un nuevo encuentro este miércoles a las 18:00 horas para intentar desbloquear la situación.
El fin de la tasa de reposición. La negociación también aborda reformas estructurales profundas. El ministerio de Óscar López ha propuesto reducir los plazos de los procesos selectivos a un año máximo, intentando solucionar el colapso de organismos como el SEPE o la Seguridad Social, donde conseguir una cita se ha convertido en una misión imposible por la falta de personal.
Además, se plantea sustituir la obsoleta tasa de reposición por un sistema de planificación de recursos humanos basado en necesidades reales, algo que CSIF exige eliminar por completo.
La brecha con el sector privado se ensancha. La estabilidad y los salarios son el gran imán para la Generación Z y los profesionales frustrados con el mercado laboral convencional.Los datos son claros: mientras el salario medio bruto anual en el sector privado ronda los 23.000 euros, los empleados públicos ganan de media un 24% más. En los niveles más altos (Subgrupo A1), esta diferencia se dispara casi al 43%.
Con esta nueva subida fija del 11% en el horizonte, la administración pública no solo ofrece un refugio contra la incertidumbre laboral, sino que consolida una ventaja retributiva que hará que la "fiebre por opositar" siga en aumento durante los próximos años.
Imagen | La Moncloa y Siena Nisavic
