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Han pasado ya más de tres años desde que el derecho al olvido se hiciese realidad. La Unión Europea sentenció que los usuarios podrían pedir a buscadores como Google eliminar los resultados que vulnerasen su privacidad. Y, ahora es el turno de las redes sociales con el "derecho a la inocencia".

Reino Unido es el primero que se prepara para extender las leyes relacionadas con el derecho al olvido. El gobierno ha anunciado nuevas medidas de protección que buscarán ofrecer más control a los ciudadanos sobre su información personal en la era digital.

Los habitantes del Reino Unido tendrán que demostrar que son mayores de 18 para acceder a páginas de contenido pornográfico. Esta ley, que acaba de ser anunciada, entrará en vigor el próximo año.

La mayoría de las redes sociales sufren todas de un mismo mal: tienen que lidiar constantemente con trolls y todo tipo de contenido abusivo. Si algo es cierto es que los gigantes como Facebook y Twitter no tienen demasiada presión a la hora de decidir la forma en la que gestionan sus plataformas. Para la muestra está la cantidad de tiempo que a Twitter le ha tomado apenas comenzar a implementar algunas herramientas para combatir el acoso.

Una propuesta de ley presentada por Anna Turley, miembro del parlamento británico, busca mejorar las medidas de prevención que toman las redes sociales para prevenir que contenido amenazante aparezca en sus servicios. Si esta ley es aprobada, las compañías responsables podrían enfrentar multas de hasta 2 millones de libras o el 5% del total de su facturación global si no combaten el abuso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la recolección general e indiscriminada de datos por parte de los gobiernos solo está permitida cuando se utiliza para luchar contra un crimen serio. Esto desafía completamente la reciente ley aprobada en Reino Unido que permite al estado acceder y retener legalmente al historial de navegación de todos sus ciudadanos.

En la decisión emitida hoy la Corte declaró que las leyes de la Unión Europea preceden las legislaciones nacionales que permitirían la retención indiscriminada de datos. Y, que legislaciones como las de Reino Unido exceden los límites de lo que es estrictamente necesario y no puede justificarse dentro de una sociedad democrática.

Jeremy Hunt, el actual Secretario de Salud de Reino Unido cree que si las compañías de tecnología de verdad hacen el esfuerzo, pueden prevenir que los menores de edad se envíen mensajes de texto sexuales o fotos con desnudos. Esta es la mejor solución que se les ha ocurrido para lidiar con los problemas que puede acarrear este comportamiento para los más jóvenes.

Aparentemente resulta más fácil arrojar el problema en manos de las empresas privadas en lugar de tomar medidas educativas en primer lugar. Tomar o compartir fotos o vídeos de menores de edad con contenido explicito es ilegal en Reino Unido, incluso si quien lo hace es también menor de edad. Pero esto obviamente no impide que los adolescentes se manden textos y fotos comprometedores siendo victimas de sus hormonas.

A finales de septiembre de este mismo año os hablamos de Je suis Pornhub, una iniciativa que se estaba llevando a cabo en Rusia con el objetivo de protestar por los bloqueos a algunos de los sitios webs más populares entre los aficionados al porno. Un veto que no tardó en desatar numerosas críticas y una campaña que podría llegar a repetirse. Pero no en este país.

Efectivamente, porque poco más de una semana después de que se aprobara su polémica Snooper’s Charter, Reino Unido quiere volver a acotar nuestra forma de actuar online. Un objetivo que esta vez pretende aplicar a los contenidos pornográficos y que, entre otros, le permitiría bloquear aquellos vídeos que muestren “actos sexuales no convencionales”.

Efectivamente, has leído bien: los políticos británicos acaban de aprobar un proyecto de ley que les permitirá acceder y recabar el historial de sus ciudadanos de manera legal; una iniciativa que ya llevaba años planeándose y que resulta tremendamente controvertida, pues choca de frente con el derecho a la privacidad.

Una propuesta también conocida popularmente como Snooper’s Charter, lo que vendría a ser algo así como carta blanca/licencia para fisgones o privilegio para fisgones. Una medida que ahora ha aprobado el Parlamento y que, además de lo dicho, brindará a las autoridades la posibilidad de obtener otros datos relacionados con aplicaciones como WhatsApp y Snapchat. Pero vayamos con más detalles.

El resultado del referéndum de Reino Unido nos pilló a casi todos por sorpresa, pero como siempre, hay quien sabe convertir este tipo de situaciones en oportunidades para crear negocio y ofrecer un nuevo tipo de servicio a sus usuarios.

En este caso se trata de Nomadlist, una web especializada en ayudar a la gente a encontrar las mejores ubicaciones en todo el mundo para vivir y trabajar remotamente desde ellas. Su nuevo proyecto se llama Escape the Brexit y está orientado a todos aquellos residentes en Reino Unido que, descontentos con el resultado de la votación, se plantean marcharse a otro país.

Ha ocurrido: con una ventaja ajustada del 52% de los votos, el Reino Unido ha decidido escindirse de la Unión Europea con todas sus consecuencias. Y parece que hasta que votaron para que ocurriera están sorprendido, tanto por ciertas declaraciones como por la actividad que se ha detectado en las redes.

Y menuda actividad: incluso la misma Google se ha hecho eco de todas las búsquedas que han aumentado espectacularmente de tráfico. Y vale la pena verlas, porque reflejan la sorpresa y el miedo de una buena parte de la población británica que ahora se llena de dudas tras el resultado del referéndum.

A principios del 2015 la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) encargó un estudio que proponía unas sanciones penales de hasta 10 años por infracciones de los derechos de autor, a raíz del cual el gobierno lanzó una consulta para saber la opinión de los ciudadanos respecto al posible aumento de las penas para equipararlas a las infracciones físicas del copyright.

Los resultados de la consulta han sido tajantes, 11 votos a favor y 1011 en contra. Pero como leemos en TorrentFreak, eso no ha impedido que al publicar los resultados el gobierno haya confirmado que le pedirá al Parlamento británico que lleve adelante el proyecto de aumentar de 2 a 10 años las penas máximas por estas infracciones, aunque también se demandará una mayor clarificación del daños por cada infracción.