Políticos estadounidenses promueven la prohibición del cifrado de extremo a extremo en nombre de la protección a la infancia

Políticos estadounidenses promueven la prohibición del cifrado de extremo a extremo en nombre de la protección a la infancia
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El cifrado de extremo a extremo es un método de comunicación entre aplicaciones que impide que cualquier texto, imagen, vídeo o archivo de sonido remitido desde un dispositivo pueda ser descifrado antes de que llegue al dispositivo del receptor. Numerosas aplicaciones, empezando por el popular WhatsApp, lo usan, lo que ayuda a proteger la privacidad de sus usuarios.

Sin embargo, Estados Unidos, país de procedencia de muchas de esas aplicaciones, podría ver en los próximos meses cómo esa tecnología es ilegalizada en nombre de la protección a la infancia. Detrás de ello están la senadora republicana estadounidense Lindsey Graham y su proyecto de Ley de "supresión del mal uso generalizado de las tecnologías interactivas".

Ilegalizar el cifrado sin mencionarlo

Lo curioso es que el proyecto de ley en ningún momento menciona el cifrado; sin embargo, los requisitos que establece a las compañías tecnológicas que desarrollen aplicaciones de mensajería (como su obligación de dar a conocer detalles sobre usuarios a las fuerzas del orden) son incompatibles con el uso del cifrado de extremo a extremo.

Dado que el fin declarado del proyecto de ley es el de luchar contra toda forma de abuso o explotación infantil, el proyecto obligará, si se aprueba, a "retener las evidencias y los datos que identifiquen a los usuarios" relacionados con tales prácticas.

Pero las iniciativas anticifrado no provienen únicamente del poder legislativo, sino que alcanzan a la propia Casa Blanca: el fiscal general (ministro de Justicia) de los EE.UU. afirmó la semana pasada que

"Cada vez más, las evidencias necesarias para detectar a los traficantes de personas son una evidencia digital. Y permanecen encriptadas.

Estamos de acuerdo en que el cifrado es importante para proteger a los consumidores de los cibercriminales, pero estamos viendo cómo se comercializa cifrado de grado militar en productos de consumo como los smartphones y redes sociales, y eso signifca que no podemos acceder a esos datos.

Sencillamente, no podemos tener salas de chat y sitios web implicados en prácticas de grooming a menores o en el tráfico de mujeres... sitios que son impenetrables para las fuerzas de seguridad, y debemos hacer algo al respecto".

Días antes de dichas declaraciones, el Wall Street Journal mencionaba fuentes del FBI para hacerse eco de que incluso en dicha agencia federal estadounidense existe preocupación por el tono usado por el fiscal general para referirse a las compañías tecnológicas que se niegan a colaborar con las autoridades a la hora vulnerando el cifrado para colaborar en investigaciones policiales.

Entre esas empresas se encuentra Apple, que acumula un largo historial de choques con las fuerzas del orden de su país para proteger la privacidad de sus usuarios. El mes pasado, la directora de privacidad global de Apple, Jane Horvath, expresó la opinión de su compañía sobre esta clase de legislación:

"Construir puertas traseras en el cifrado no es la forma en que vamos a resolver esos problemas".

El proyecto de ley de Graham cuenta con apoyos a ambos lados del espectro político estadounidense, pero se desconoce aún si suficientes para que salga adelante y sea aprobado, y así seguirá siendo mientras el texto no se someta a votación, algo para lo que aún no hay fecha.

Vía | AppleInsider & ZeroHedge

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