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La mujer que había publicado en Facebook que deseaba que "violaran en grupo" a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha aceptado una pena de cuatro meses de cárcel. Dicha pena queda en suspensión a condición de que no vuelva a delinquir en un período de dos años.

No pudo elegir un comentario más desafortunado, cuando en España todavía no se ha cerrado el caso La Manada, en el que cinco varones están acusado de haber violado a una joven inocente.

El comentario lo hizo la noche del tres de septiembre en su perfil. La acusada confirma que ella fue quien escribió "escuchando a Arrimadas en el debate de Telecinco solo puedo desearle que cuando salga de noche la violen en grupo, porque no se merece otra cosa semejante perra asquerosa".

Dos días después, la política catalana publicaba una captura del comentario en su cuenta de Twitter, adelantando que pensaba denunciar a la autora:

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa

— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de septiembre de 2017

Después de todo el revuelo originado, Rosa María Miras llegó a eliminar su perfil de Facebook y decidió pedirle disculpas a Inés Arrimadas a través de su jefa de gabinete. La empresa en la que trabajaba la había despedido hace unos días, como "repulsa a sus comentarios".

Hubo más insultos

No fue al único personaje político que insultó gravemente, ya que también llegó a decir "qué bonito debate: la puta barata, el mongolo, la maricona mala, el aborto del diablo y el abogado defensor de terroristas de ISIS defendiendo que no se vote, claro".

Reconoció que en el primer caso se refería a Arrimadas, con "maricona mala" estaba insultando a Miquel Iceta, con "abogado del diablo" a Xavier García Albiol y en el último caso a Javier Nart. Ninguno de ellos la ha denunciado, al menos de momento.

La sentencia la condena a participar en un curso de derechos humanos sobre el respeto a la igualdad y no discriminar a otras personas por motivos de género e ideológicos.

La justicia sigue condenando las faltas de respeto graves y las amenazas en las redes sociales. Hace unos meses presenciábamos como las bromas sobre Carrero Blanco en Twitter ocasionaron que algunos usuarios acabaran sentados en un juzgado.

En Magnet | Ser imbécil no es causa objetiva de despido, aunque desees que "violen" a una política

Hoy, 21 de diciembre, 5.553.983 electores están llamados a votar en las elecciones catalanas de 9 de la mañana a 8 de la noche en 2.680 colegios electorales repartidos por toda Cataluña. Unos comicios muy mediáticos que han suscitado gran interés tanto en España como en el exterior tras la consulta ilegal sobre la independencia del 1 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de España.

¿Cómo van las elecciones en Cataluña? ¿Cómo seguir en directo la última hora de esta votación al Parlament de Cataluña y sus resultados? A través de medios tradicionales como la radio, la televisión o la prensa digital y, por supuesto, a través de Internet y las redes sociales en tiempo real.

La crisis catalana domina de forma casi absoluta la actualidad española. Primero el procés, en el epicentro el 1-O, después la DUI, entremedias la salida de empresas, a continuación la aplicación del 155, en los últimos días la marcha del expresidente Puigdemont a Bélgica... Hasta que del asunto catalán se hizo eco la prensa internacional y, ayer, también el Senado de los Estados Unidos.

En la comparecencia de los representantes de Twitter, Facebook y Google ante el comité encargado de analizar el impacto de las injerencias rusas en las pasadas elecciones presidenciales se coló Cataluña. Fue en boca de un senador demócrata, Martin Heinrich, declaraciones que podemos ver a partir del minuto 1:38 de este vídeo subido a su canal de YouTube.

Pasan las semanas, y la tensión en España sigue en aumento. Puigdemont agotó el primer plazo de respuesta fijado por el gobierno central, enviando una carta en la que afirma que se mantiene en el mismo punto. Mariano Rajoy contestó con otra carta en la que le pide que resuelva la DUI este jueves.

Al mismo tiempo, llegaron las detenciones de Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, algo que ha caldeado más el ambiente. En este clima de incertidumbre continua, muchas empresas han decidido huir de Cataluña y llevar su sede a otro lugar del país.

Ya hemos hablado de Glovo en otras ocasiones, un servicio de "mensajería bajo demanda" que promete envíos en cuestión de minutos. Esta startup catalana sigue creciendo, y ahora conocemos que han conseguido una financiación de 25 millones de euros, una cifra muy superior a lo que se había apuntado en un principio.

En España llevamos días viendo como el debate sobre Cataluña se va calentando, tanto en la calle como en Internet. De hecho, en la Red estamos viviendo una ciberbatalla que busca acabar con todas las páginas relacionadas con el referéndum.

Obviamente, los responsables de dichos dominios están registrando versiones alternativos para seguir dando voz a su mensaje, aunque la Guardia Civil los encuentra rápidamente y acaban de la misma manera. ¿Es esta la mejor manera de operar cuando un Gobierno ordena el cierre de tus páginas?

Hace poco más de un mes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solicitó la colaboración de los vecinos para detectar y sancionar pisos turísticos no registrados en Barcelona. Una petición a la que, días después, siguió el endurecimiento de las medidas contra empresas como Airbnb y Homeaway - multadas con 60.000 euros cada una-, cuyas sanciones podrían llegar a alcanzar los 600 mil euros.

Una cifra nada desdeñable que, según el consistorio, se aplicaría a aquellas compañías que continuaran “negándose a regular a sus propios usuarios” y que la primera entidad ya dijo que recurriría. Pues bien, nuevos datos revelados por la misma nos permiten hacernos una idea de por qué.

Barcelona sigue teniendo problemas con el turismo masificado. Como vecino de la ciudad puedo afirmar desde mi experiencia que el centro de la ciudad está lleno de visitantes, y el negocio del turismo de la Ciudad Condal vuelve de nuevo a presentar sus defectos. Por eso, Ada Colau sigue endureciendo sus medidas contra los pisos turísticos no registrados.

Su último movimiento ha sido enviar una carta a los vecinos en los que se les anima a denunciar mediante un teléfono o una página web cualquier actividad que señale un piso turístico con el fin de "facilitar las tareas de inspección" a todas las brigadas que caminan por la ciudad en busca de ellos.

Cuando recorrí los pasillos del Mobile World Congress repetidas veces la semana pasada me crucé varias veces con varias figuras de la política catalana, y supuse que eran simples visitas institucionales del evento con los organizadores del congreso. Parece que no: el gobierno catalán aprovechó la ocasión para hablar con varias compañías ya que está preparando una regulación de la economía colaborativa.

El responsable de esta regulación es Oriol Junqueras, Consejero de Economía de la Generalitat, quien ha colaborado con otras consejerías del gobierno catalán como la de Empresa y Conocimiento o la de Territorio y Sostenibilidad. El objetivo es pulir todos los huecos legales que provocan problemas con empresas como Airbnb o Uber, y al mismo tiempo acabar tanto como la precarización laboral como la economía sumergida que pueden originar este tipo de servicios.

El pasado julio Cataluña se convirtió en la primera Comunidad Autónoma española en legalizar los alquileres de habitaciones con Airbnb y otros servicios similares. A cambio de poder alquilar las habitaciones, se impusieron una serie de condiciones que eran especialmente duras a la hora de alquilar una vivienda completa.

Los meses han pasado, y ni Airbnb ni HomeAway han conseguido cumplir con algunos de los requisitos impuestos por la Generalitat. Por eso, tras haber anunciado viviendas sin el número de Registro de Turismo de Cataluña (RTC) y negarse a aportar los datos que se les han solicitado, ambas empresas han recibido dos expedientes sancionadores de 30.000 euros cada una.