Tal y como ya contábamos el pasado mes de mayo, la situación crítica de las VTC y taxis se había trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo que sentenciaría sobre la permanencia de dichos vehículos de transporte y algunas normativas españolas como la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis. La sentencia fue clara. Y es que el TJUE declaraba como "ilegal" la limitación del ratio 1:30 debido a que la restricción violaba la normativa europea.
La respuesta del Gobierno español ante la sentencia impuesta por el TJUE fue aprobar este martes un nuevo decreto ley que establece nuevos criterios medioambientales y de gestión de tráfico para seguir restringiendo la proliferación de licencias VTC. Además, también considera al taxi como un "servicio de interés público". Las patronales de las VTC consideran que este nuevo decreto contradice en gran medida la sentencia del TJUE y planean presentar una queja ante la Comisión Europea.
Un decreto ley que no convence a las VTC
Entre algunas de las limitaciones hacia las VTC que considera el nuevo decreto aprobado por el Gobierno se encuentra la denegación de licencias VTC si se superan los niveles de contaminación establecidos en la normativa de calidad del aire. Junto a ello, el decreto establece además que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tienen el poder de regular las licencias de transporte urbano y que los vehículos que operen con licencias VTC deben de tener matriculación española. Además, se prohíbe el uso de licencias VTC sin vehículos.
Las restricciones aportadas por este nuevo decreto de ley hacen que el taxi salga beneficiado ampliamente, ya que de no cumplir con la normativa en cualquiera de los puntos, se suspenderá la emisión de licencias VTC durante un periodo de hasta tres años. Como cabe esperar, las VTC han criticado este nuevo decreto, argumentando que la decisión del Gobierno es una discriminación respecto a otros medios de transporte como los taxis.
Con motivo de esto, las patronales de las VTC han enviado una carta a la comisaria europea de Transporte, alegando el incumplimiento de la sentencia del TJUE por parte del Gobierno español y la intención de favorecer a los taxis. Además reclaman que cualquier regulación debe "respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y coherencia".
Según fuentes del Ministerio de Transportes, la nueva regulación solamente afecta a las licencias VTC estatales para transporte interurbano, por lo que corresponde a las comunidades autónomas y ayuntamientos regular las licencias. Y además de las regulaciones medioambientales del nuevo decreto ley para las VTC, las comunidades autónomas también podrán establecer otras mejoras de calidad del aire que afecten a estos vehículos.
Junto a ello, los ayuntamientos podrán aplicar otro filtro, teniendo la opción de solicitar una licencia adicional a la autonómica para poder realizar transporte urbano en el territorio, la cual deberá estar justificada por "razones de interés público".
Desde el Ministerio de Transportes aseguran que las medidas buscan evitar "malas prácticas", eliminando la posibilidad de que una empresa con 1.000 licencias tenga únicamente 800 vehículos. Sin embargo, en el sector de las VTC también existen licencias autorizadas pero sin coche, algo que llegaría a perderse debido a la normativa especificada en el nuevo decreto ley.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, señalaba que esta nueva normativa busca "adecuar" la regulación de las VTC en base a la sentencia del TJUE. Sin embargo, desde las VTC hablan de "discriminación", por lo que queda por ver cómo se acaba cerrando este nuevo capítulo en referencia a la polémica de los taxis y VTC como Uber, Cabify o Bolt.
Imagen | Jackson David
Vía | El País
Ver 7 comentarios