Bárbara Bécares
EditorEl Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, acaba de anunciar esta mañana una multa de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por permitir que haya alquileres vacacionales anunciados en su portal sin que tengan la licencia obligatoria, tal y como marca la normativa.
Como publica el propio Ministerio, ese dinero equivale a seis veces el beneficio ilícito que se calcula que ha obtenido la compañía gracias a mantener esos anuncios publicados. Hay que tener en cuenta que, cuando un usuario hacer una reserva por Airbnb, la empresa se lleva una comisión de esa transacción y, claramente, también recibe el beneficio por casas y pisos que son ilegales.
Además, no acaban aquí las medidas: el expediente sancionador se mantiene abierto y es que el Ministerio ha comprobado que hay anuncios sin licencia que están publicados o también hay propietarios que han metido números de registro falsos y la empresa no cuenta con medidas eficientes para impedir esto.
El Ministerio de Consumo recoge que la resolución implica, además, dos sanciones accesorias que "obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta".
Más de 65.000 anuncios ilícitos
Las infracciones de la normativa de consumo se han identificado en un total de 65.122 anuncios en Airbnb. En la práctica, esto se traduce a prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias, lo que es una infracción.
En España, la mayoría de normativas autonómicas exigen indicar el número de registro que ha pasado a ser obligatorio este año. Y, según esta sanción, Airbnb mantenía publicados anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones legales.
También permitió que hubiera propietarios metiendo números de registro que no se corresponden con la numeración utilizada por los registros. Otra infracción fue publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones y esto es una práctica de publicidad engañosa.
En esta decisión hay otras sanciones de menor cuantía como que el Ministerio acusa a Airbnb de obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección. Y es que la empresa no dio respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente. Esta es una infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Una regulación a nivel nacional en 2025
Hay que recordar que desde el pasado uno de julio es obligatorio es España lo que se ha bautizado como "ventanilla única". Esto se traduce a que quienes tengan pisos de alquiler de corta estancia necesitan un número identificador que facilitan los Registradores de la Propiedad para ayudar a las autoridades a llevar más control sobre este tipo de alojamientos y esta vez es una medida a nivel nacional (la regulación de los alojamientos temporales en su mayoría viene dictada por cada Comunidad Autónoma).
Con esta novedad, se pudo saber que muchos son los alojamientos que estaban publicados en webs como Airbnb y Booking no pueden acceder a este nuevo número, porque están funcionando sin los requisitos necesarios. En mayo de este año, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que le había impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios "ilegales" de viviendas turísticas alojados en su plataforma.
Esto no suponía en la práctica un cierre de esas viviendas como alquiler temporal, sino que Airbnb no puede anunciar esos lugares por no cumplir con ciertas normas existentes desde el Ministerio de Consumo.
Ya en el momento en el que se instó al bloqueo de los anuncios, Bustinduy alegaba que muchos alojamientos tampoco muestran información veraz de quién es el propietario de los alojamientos y eso es publicidad engañosa o que muchos estaban publicitados con números de registro claramente falsos.
Imagen | Foto de Oberon Copeland @veryinformed.com en Unsplash
